Mandato Dado Contra “Pagar por quedarse” en la Cárcel de Bristol 

El 28 de julio de 2004, el tribunal superior de Bristol (Moses, J.) dio un mandato contra el cobro de renta, pagos médicos, diploma de equivalencia escuela superior (GED), y otras tarifas de presos en la cárcel Ash Street en New Bedford y el reformatorio en North Dartmouth.  La orden fue publicada en Souza, et al. v. Hodgson, Bristol County Sheriff, una demanda en forma clasista iniciada por Jim Pingeon, director de litigio en MCLS.  Poco después, un solo juez del tribunal de apelación negó la solicitud del acusado que pedía una suspención del mandato mientras apelaban.  El 31 de marzo de 2005, la corte decidió que la demanda puede seguir adelante como demanda clasista.  El juez también dijo que la corte permitiría que el departamento del sheriff apele una orden que exige que regrese el dinero (aproximadamente $700,000) que confiscó de los presos bajo su custodia.  MCLS cree que el sheriff probablemente seguirá esta apelación. 

Sheriff Thomas Hodgson es un político estilo antiguo quién adopta políticas de mano dura contra crimen las cuales han polarizado el condado de Bristol.  Unos años atras recibio mucha publicidad cuando reinstituto grupos de prisioneros que trabajan encadenados (“chain gangs”) en carreteras del condado y otros trabajos públicos.  Aunque unas personas en el condado fueron encantadas por la idea, otras se enfurecieron, y varios pueblos han pedido que el sheriff no use trabajadores encadenados (lo que el llama “equipo de trabajo colectivo”) dentro de sus fronteras.  Sheriff Hodgson le gusta presentarse al público como un oficial preocupado con el bolsillo de los contribuyentes del condado.  Por esa razón, atempta representar sus políticas, como la de cobrar presos bajo su custodia cinco dólares por dia de renta, como maneras de ahorrar el dinero de la tesorería y al mismo tiempo enseñarle a los presos como ser “responsables”. Pero hay dos problemas con esta política.  Un problema es legal y otro moral. 

Ninguna ley le da al sheriff el poder de cobrar una cuota a presos por estar encarcelados.  Tampoco no existe una ley que le da el poder de cobrar por atención médica.  De hecho, la red de leyes que goberna el poder y la autoridad de sheriffs en Massachusetts lo hacen el guardia de la propiedad de los presos, incluyendo cualquier dinero que tienen cuando llegan a la cárcel o que reciben de familiares mientras están encarcelados.  Sí hay ciertas cuotas que pueden ser restadas de los fondos de presos porque la ley dice que el sheriff puedo hacerlo.  La cuota sobre víctimas y testigos probablemente es la major conocida de estas tarifas.  Otra permite que cobren por un corte de pelo.  Pero la ley aprobada por la asamblea legislativa que autoriza esa cuota provee que la comisionada de corrección puede fijar la cantidad de la cuota que pueden cobrar los condados y el DOC.  La comisaria también puede autorizar tarifas para atención médica pero solo para presos estatales.  El sheriff no tiene la libertad de inventar cuotas sobre atención médica o otras tarifas. 

El problema moral con las políticas del sheriff Hodgson es que los presos en la cárcel Ash Street y el reformatorio North Dartmouth no tienen una manera de pagar las cuotas que el sheriff impusó.  En muchas cárceles presos pueden ganar un poco de dinero por medio de trabajo en la cárcel, trabajos que pagan de 25 centavos hasta 2 dolares por hora.  Presos estatales en programas de trabajo en Massachusetts pueden tener trabajos regulares en la comunidad y ganar un sueldo normal.  En ese tipo de situación puede tener sentido que presos contribuyen dinero para pagar el costo de su custodia.  Pero sheriff Hodgson no tiene ni un trabajo pagado para mas de mil presos en su custodia.  El resultado es que normalmente las familias de los presos en Bristol pagaban las cuotas impuestas por el sheriff.  ¿Dónde está la justicia en eso? 

Este es un caso importante.  Varios otros sheriffs en Massachusetts han impuesto sobre presos cuotas sin autorización y el resultado final en este caso sera importante para las familias de muchos si no la mayoría de las aproximadamente 12,000 personas en cárceles de condados en el estado.
 

Preguntas y Respuestas

¿Ha parado de cobrar renta y cuota para atención médica el sheriff Hodgson?

Sí.  El 30 de julio del 2004, el departamento del sheriff del condado de Bristol circuló un memorandum anunciando que había parado de cobrar la cuota de $5 diarios, cuota para atención médica, y la cuota para la diploma de equivalencia escuela superior (GED).  La cuota para un corte de pelo fue reducida a $1.50, que es la cantidad escogida por la comisaria de corrección para prisiones estatales.  La corte decidió que la cuota de $5 era excesiva porque la comisionada fijó el precio a $1.50.

¿Regresarán el dinero a presos?

Esperemos que sí.  Aunque el tribunal de primera instancia decidió en nuestro favor, el sheriff tiene derecho a una apelación la cual anticipamos que tomará.  “No termina hasta que termina.”
 

¿Cuándo recibirán su dinero de nuevo?

No sabemos.  Las cortes tienen que decidir si acaso, cuando, y como el dinero se devolverá.  Aparentemente tomaron aproximadamente $700,000.  Sera necesario encontrar miles de presos actuales y ex-presos del condado de Bristol quien deben recibir dinero.

 
¿Recibirán interés sobre su dinero?

No sabemos.  La corte tiene que decidir esto y la pregunta todavía no se discute ante el juez.
 

¿Qué deben hacer presos para recibir su dinero?

El procedimiento para recuperar fondos todavía no se establece.  Asegure que MCLS tenga su nombre y domicilio y que nos avise si tiene un cambio de domicilio.  Tenemos que poder encontrarla para darle cualquier dinero que le pertenece y la corte probablemente no nos permitirá mantener dinero por mucho tiempo para personas quien no podemos localizar.

MCLS tiene un número de teléfono nuevo para que presos estatales llamen: 877-249-1342.

Mejoramientos en MCI-Cedar Junction en Walpole Sobre Debido Procedimiento

 Durante los últimos 10 años políticas contra pandillas o maras han tenido popularidad con oficiales de correción en el país.  En el departamento de correción de Massachusetts esas iniciativas tomaron forma de encierramento casi permanente de presos identificados como miembros de pandillas o maras.  Estos hombres fueron cercados en los unidades llamados STG, por sus cifras en ingles, (lo que el departamento llama “grupo de amenaza a la seguridad” en vez de decir pandilla or mara) localizados en Walpole.  Las condiciones en estos edificios son malísimas, pero peor fue que con frecuencia el departamento designó hombres a esos edificios a pesar de sus cargos o comportamiento.  Por lo menos en los edificios 10-Block y DDU en general uno tiene que hacer algo para que lo metan.  Con respeto al STG, hombres fueron metidos por tener un tatuaje incorrecto, por hacer gestos de mano identificados como gestos hechos por miembros de pandillas, o por hablar cierto idioma (normalmente español – si acaso los guardias escuchan un blanco hablando español es identificado como pandillero).  En Haverty v. Commissioner, la corte decidió que el departamento no puede legalmente encerrar presos en una unidad restrictva en la Sala Este de MCI-Cedar Junction, incluyendo los edificios para pandilleros, sin darle al preso una audiencia que cumple con el reglamento del DSU, 103 CMR 421.  En consecuencia de esta decision, el DOC liberó muchos presos de reclusión restrictva en la Sala Este porque no pudo probar que suponían una amenaza significativa si serían liberados de condiciones que funcionaban como el equivalente al DSU.  Además causo la conversión de todas las unidades restrictivas de la Sala Este, menos dos, a unidades de población general.  Desafortunadamente, aumentó la restricciones en población general. 

Como consecuencia de la decisión del DOC de no permitir que presos de las unidades STG cuestionaran su alojamiento en la Sala Este, MCLS presentó una petición contra la falta de procedimiento para decidir si un preso es pandillero.  (Como parte de Haverty, MCLS expusó que la asignación de hombres al STG es racista, pero despues de un juicio de tres semanas el DOC se las arregló para salir de esa espinosa demanda.)  Sin embargo, el 9 de marzo de 2004 la corte decidió que el DOC no podía seguir alojando presos en STG si no podía probar su afiliación con una pandilla en una audiencia en DSU en que presos tienen la oportunidad de presentar testimonio y llamar testigos.  La corte rechazó la propuesta del DOC que el proceso que usaba bajo la política del STG para determinar que un preso es pandillero es suficiente.  El resultado es que el número de hombres en STG ha bajado y los individuos en STG tienen una esperanza de mudarse a población general.
 

Indemnización de Perjuicios por Alojamiento en Sala Este en Walpole

En Longval v. Department of Correction, un caso en que MCLS presentó un escrito amicus (amigo del tribunal), la corte superior decidió que hombres quien son miembros de la clase en Haverty pueden presentar acciones individuales para recibir indemnización por su alojamiento en la restrictva Sala Este en MCI-Cedar Junction.  El departamento alegó que porque Haverty no pidió indemnización financiera, miembros de la clase abandonaron su derecho a pedir dinero.  Esta discusión del DOC se acercó a lo frívolo y la corte la negó.  Sin embargo, la corte en Longval también decidió que indemnización no se puede recibir por otra razón: porque los acusados en Haverty tiene inmunidad califacada porque antes de la decisión en Haverty no era aparente que los procedimientos usados en la Sala Este eran illegal.  Los demandantes apelan la parte de la decisión que se trate de la inmunidad califacada.

 

Discriminación en Programación Prohibido por la ley ADA

Shedlock v. Department of Correction fue presentado por un preso quien allegó que el DOC discriminó contra el en violación de la ley Americans with Disabilities Act (ADA por sus cifras en inglés) y el artículo 114 de la constitución de Massachusetts.  El demandante era un preso con obstáculos serios a su mobilidad quien fue negado una celda en el primer piso. La corte suprema judicial revocó una decisión que indicó que la ADA protegía solo contra la exclusión total de un programa  y por eso no fue violada porque el preso pudo arrastrarse por los escalones.  También negó el argumento que el departamento hizo todo lo necesario simplemente por darle un bastón.  El caso decidió que el DOC tiene que proveer alojamiento razonable para asegurar que los presos con incapacidades tienen acceso a programas sin sufrir dolor excesivo o molestia.  MCLS, el Centro de Leyes de Incapacidades (DLC), y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentadon un escrito amicus en Shedlock.

Demandas por Indemnización en SECC

La anciana y sucia prisión Southeastern Correctional Center (SECC) ahora es parte de la historia. Hace mucho tiempo las cortes exigieron que el DOC sustituye los baños “pak-a-potties” con baños por encima de la media.  El caso que terminó en este resultado, Ahearn v. Vose, también contiene demandas de indemnización departe de miles de hombres quienes fueron alojados en esas condiciones bárbaras.  Las demandas de indemnización fueron despedidas por la corte superior y MCLS apeló la decisión. La apelación se expuso en enero y la decisión de la corte de apelación está pendiente.

 

El nuevo número de teléfono para los presos estatales para MCLS es (877) 249-1342. Los presos de los condados deben llamar a (617) 482-4124. Aceptamos llamados los Lunes desde la una hasta los cuatro de la tarde or los Martes a la misma hora si  Lunes es fiesta.

Cambios en el Sistema de Clasificación para Delicuentes de Crimenes Sexuales

La corte superior de Suffolk negó todas las demandas clasistas en Soffen, et al. v. Maloney, et al., SUCV99-1228.  Soffen se presentó como demanda clasista por presos incorrectamente identificados como delincuentes sexuales por el DOC por causa de razones absurdas como orinar en público, mostrando su nalga de manera bromista, y tomando parte en sexo consensual con personas igualmente menores de edad (como la situación del muchacho de 17 años de edad con una novia de 16 años).  La política del DOC manda casi todos los presos con éste tipo de condena al programa de tratamiento para delincuentes de crimenes sexuales (SOTP), incluso si la pareja sale desde hace varios años y la condena no es la razón por la cual el preso esta encarcelado. 

Los demandantes en Soffen pidieron que la corte exija una audiencia para decidir si acaso tienen que completar el programa.  Como todo preso sabe, mandar al SOTP es un tema serio porque la diferencia entre presos regulares y presos nombrados delicuentes de crimenes sexuales es casi como la diferencia entre viviendo libre o viviendo en una cárcel.  Fácilmente puede costar la vida.  No es difícil imaginarse la cólera y frustración de un preso nombrado como delicuente de crimenes sexuales porque le mostro la nalga a un automovilista hace 20 años cuando iba a un concierto, o al hombre quien fue condenado de tener sexo con una persona menor de edad aunque la persona era su novia y el también era menor de edad y despues se casó y tuvo una familia con la mujer. 

Sin embargo, durante el transcurso de Soffen, el departamento cambio las reglas relacionadas al proceso que usaba para mandar a presos al SOTP. Ahora solo un preso quien realmente ha sido condenado de crimenes sexuales incluidas en G.L. c. 6, sec. 178C, en algun momento de su vida es mandado al programa.  Antes de Soffen, presos quienes nunca fueron condenados de un crimen sexual pero quienes “versiones oficiales” o condenas disciplinarias en la prisión fueron estimados por el DOC como acciones con una matiz sexual también fueron mandadas al SOTP.  Las regulaciones actuales, efectivas desde octobre de 2003, previenen que muchos presos sufran la indignidad y estrés que resulta de ser incorrectamente tachado de delincuencia sexual. El DOC dijo en uno de varios argumentos presentados a la corte en Soffen que 400 presos anteriormente incorrectamente identificados como delincuentes sexuales han sido reclasificados bajo la nuevo política.

Mandato Conseguido contra las Privaciones Sanitarias en la Casa de Corrección en Bristol

MCLS tiene otro caso contra el sheriff del condado de Bristol llamado Kelley, et al. v. Hodgson, et al., SUCV1998-3083-C. El caso considera las condiciones de alojamiento en la cárcel Ash Street y la casa de corrección North Dartmouth.  En 1998, la corte prohibió el sheriff Hodgson de alojar mas de una persona en cada celda en Ash Street o mas de dos personas en cada celda en North Dartmouth, y también prohibió el sheriff de alojar personas en lanchas de plástico en el piso o áreas comunes.  Las celdas en Ash Street son pequeñas tumbas de ladrillo midiendo seis por ocho pies – bárbaras, pero no sorprendente para una cárcel construida en 1828.

En el verano de 2002, el departamento del sheriff del condado de Bristol empezó a encerrar presos en sus celdas en dos unidades grandes y “secas” (48 celdas) en North Dartmouth.  A personas sin entendimiento de prisones encerrando presos en sus celdas parece ser normal, pero nuestros lectores saben que encerrando presos en celdas “secas” no es normal. Una celda “seca” es un celda sin fregadero e inodoro. Unidades de celdas secas no son poco común – tal celdas tienen servicios al fondo del pasillo que son compartidos por todos los presos en el pasillo – pero tal unidades son usadas, o deben ser usadas, solo con presos de seguridad minima quien no son encerrados. La casa de corrección North Dartmouth fue construida en 1990. Las unidades en cuestión fueron usadas por 12 años como unidades de seguridad minima hasta que el sheriff de Bristol decidió instalar cerraduras en las puertas de las celdas. El resultado de las acciones del sheriff fue previsiblemente repugnante, con personas orinandose en un recipiente improvisado en sus celdas mientras esperando recibir permiso para ir al servicio. Presos con sed tenían miedo tomar agua por temor de recibir una denuncia disciplinaria una hora despues por orinar en una botella. 

Encerrando presos por cualquier periodo de tiempo en celdas sin tubería viola las mas básicas reglas gobernando cárceles y prisiones del departamento de salud. La práctica ha sido condenada por varias deciones judiciales en Massachusetts y otros estados. Tal vez, el 10 de septiembre de 2004 la corte superior de Suffolk ordenó que el sheriff Hodgson abriera las puertas de las celdas en las unidades “secas”. 

En los últimos meses hemos visto mucha actividad en el caso Kelley.  Si usted o alguien que conoce fue alojada bajo condiciones que violan el mandamiento de la corte en la cárcel Ash Street en New Bedford o la cárcel del condado de Bristol y la casa de corrección en North Dartmouth a cualquier momento desde los finales de 1995 y si está dispuesto de ser testigo en el juicio que pronto llegará, por favor comuníquese con MCLS al 1-800-882-1413 (de Massachusetts), al 617-482-2773, o al 617-482-4124 (llamar por cobrar).

Otro Litigio

Rechazo de Asistencia Legal a Presos en Vigilancia de Salud Psiquiátrica 

Brown, et al. v. Maloney, et al. se opone a la práctica del DOC de negar presos en vigilancia de salud psiquiátrica acceso a cualquier abogado por prevenirlos de recibir visitas legales, hacer llamadas telefónicas relacionadas con asistencia legal, o enviar o recibir correo legal.  Ambos litigantes pidieron sentencia sumaria. El 27 de mayo, la corte prohibió el DOC de negar visitas de abogados por mas de 72 horas a cualquier persona bajo vigilancia de salud psiquiátrica. 

Asaltos por Guardias

MCLS tiene tres casos relacionados con asaltos por guardias en que los demandantes piden indemnización por golpes infligidos a presos en MCI-Cedar Junction. El ámbito de nuestro proyecto Reacción Rápida contra Brutalidad, que anteriormente incluyó Cedar Junction y MCI-Framingham, éste otoño se amplió a incluir SBCC.  También consideremos asaltos en otras instalaciones incluyendo las carceles de los condados.

Muerte Injusta

Obba v. Commonwealth of Massachusetts es una demanda relacionada a la muerte injusta de un preso quien se suicidó en la unidad DDU.  MCLS, junto con consejo privado, se ha encargado de este caso, que al momento se encuentra en el proceso de descubrimiento.

Uso Incorrecto de una Silla de Restrición

Roman v. Commissioner es un caso recusando el uso permanente de una silla de restricción contra un preso. MCLS está negociando con el DOC para prevenir el uso poco apropiado de restricciones, en particular con personas con trastornos mentales.

---

Proyecto Enfoque: Vínculo con Prisiones

MCLS dividió las principales instalaciones del DOC entre el equipo de trabajo. Cada abogado se ha comprometido a visitar su prisión por lo menos una vez cada tres meses. Varias prisiones principales se han asignadas a dos personas. Al momento asignaciones son:

 
MCI-F, MTC, OCCC: Laura Anderson
OCCC, MTC: Peter Costanza
MCI-CJ, Shirley Med.: Lyonel Jean Pierre
NCCI, SBCC: Lauren Petit
Concord, BSH: Jim Pingeon
Walpole, Norfolk: Bonnie Tenneriello
MCI-F, SBCC, Shirley Med.: Leslie Walker

El propósito de estas visitas no es de tomar información sobre problemas del individuo. Sino, el propósito es de mantener al equipo de trabajo de MCLS bien informado sobre problemas generales y condiciones que son compartidas por todos o la mayoría de presos en cada instalación. Miembros encarcelados de la mesa directiva de MCLS y otros presos cumplen como nuestros enlaces.

Apuntes de MCLS está disponible en español

Apuntes de MCLS está disponible en español. Por favor de compartir esta información con presos hispano hablantes. También, MCLS tradució varios de sus folletos informativos a español. Versiones en español se pueden adquirir, cuando disponible, por teléfono o escrito. Aceptamos cartas escritas en español.

El número directo de MCLS para los presos del DOC es (877) 249-1342. De los condados llame (617) 482-4124 (a carga reversada).

Tratando con la Ley  PLRA

 La ley de Reforma de Litigio Prisionero (PLRA por sus cifras en inglés), como su compañero la ley Anti-terrorismo y Penal de Muerte Eficaz (AEDPA por sus cifras en inglés), resultó como parte de un proyecto de ley que proporciona fondos al Departamento de Justicia por el año fiscal 1996. Los patrocinadores de PLRA expusieron que litigio “frívolo” departe de presos y cortes federales “activistas” tienen que ser frenadas.  PLRA ciertamente a reducido el número de demandas sobre violaciones de derechos civiles presentadas por presos quejandose de las condiciones bajo que están encarcelados. Inmediatamente despues de su promulgación, éste tipo de demanda bajó por un cuarto. La ley pone restricciones significativas sobre la capacidad de presos a presentar demandas de violaciones de sus derechos civiles quejandose de las condiciones bajo que están encarcelados. También impone restricciones sobre el poder de las tribunales federales de dar socorro en éste tipo de caso. Las provisiones de la PLRA marcan un difícil laberinto que presos buscando desagravio por mandato judicial o indemnización tienen que navegar con éxito para reclamar que las condiciones de alojamiento o acciones del equipo de trabajo de la prisión afectan derechos constitucionales o estatutarios. La pregunta es si acaso la ley ha hecho tan difícil que presos, quienes aveces muy apenas pueden leer, no tienen un remedio eficaz para resolver graves abusos constitucionales. 

La PLRA es complicada y existen muchos precedentes analizandola. Apuntes de MCLS no puede discutir toda la ley, pero intentaremos discutir pequeñas partes de la ley en siguiente ediciones. La actual publicación discute el requisito de la PLRA que presos agoten remedios administrativos antes de presentar una demanda relacionada a los derechos civiles.  Crédito: este material viene de un artículo escrito por Elizabeth Alexander, abogada del Proyecto Nacional de Prisiones del ACLU.

El requisito de agotación no es jurisdiccional. Vea Rumbles. v. Hill, 182 F.3d 1064 (9th Cir. 1999); Wendell v. Asher, 162 F.3d 887 (5th Cir. 1998); Wright v. Morris, 111 F.3d 414 (6th Cir. 1997). La mayoría de los tribunales federales de apelaciones han decidido que falta de agotar es una defensa afirmativa que el acusado puede presentar. Solo el sexto tribunal federal de apelaciones exige una despedida automática si el preso no demostra agotación en la demanda, y el preso no puede modificar la demanda para corregir la falta de alegar agotación. Baxter v. Rose, 305 F.3d 486 (6th Cir. 2002). Algunos casos decidiendo que falta de agotar es un defensa afirmativa son Wyatt v. Terhune, 315 F.3d 1108 (9th Cir. 2003); Brown v. Croak, 312 F.3d 109 (3rd Cir. 2003) (decidiendo que los acusados renunciaron falta de agotar); Casanova v. Dubois, 304 F.3d 75 (1st Cir. 2002); Foulk v. Charrier, 262 F.3d 687 (8th Cir. 2001) (considerando falta de agotar como un defensa afirmativa pero permitiendo modificación para presentar la defensa); vea también Jackson v. District of Columbia, 254 F.3d 262 (D.C. Cir. 2001); Massey v. Helman, 196 F.3d 727 (7th Cir. 1999); Jenkins v. Haubert, 179 F.3d 19 (2d Cir. 1999); Underwood v. Wilson, 151 F.3d 292 (5th Cir. 1998) (requisito de agotación puede ser susceptible a renuncia). 

Si la corte decide que el preso no agotó, el caso se despide sin perjudicación. Perez v. Wisconsin Dept. of Corrections, 182 F.3d 532 (7th Cir. 1999); Wendell v. Asher, 162 F.3d 887 (5th Cir. 1998); Wright v. Morris, 111 F.3d 414 (6th Cir. 1997). Agotación se tiene que completar antes de presentar una demanda. Johnson v. Jones, 340 F.3d 624, 2003 WL 21982179 (8th Cir., Aug. 21, 2003). 

No existe mucho precedente discutiendo la cuestión de un preso quien no puede recibir un remedio administrativo porque presentó su demanda demasiado tarde (muchos procedimientos de queja tienen límites de 5 a 15 dias) a partir de entonces para siempre pierde su demanda constitucional o estatutario. Un preso en ésta situación sería bien aconsejado a apelar a través de todos los niveles del procedimiento de queja y explicar en la queja las razones por la falta de presentar a tiempo. El sexto tribunal federal de apelaciones decidió que si un preso presenta una queja y sigue todas las apelaciones disponible, el o ella ha agotado a pesar de si la queja y/o apelación fue presentada oportunamente bajo las reglas de la prisión o cárcel. Thomas v. Woolum, 337 F.3d 720, 2003 WL 21731305 (6th Cir., July 28, 2003). Asimismo, el quinto tribunal federal de apelaciones decidió que, cuando la queja de un preso fue negada porque fue presentado demasiado tarde, pero el preso tenía un mano fracturada y no pudo presentar la queja, la corte no debería despedir por falta de agotar, porque “la incapacidad de una persona a tener acceso al procedimiento de queja podría volver el procedimiento inútil.” La corte también enfatizó que, en este tipo de circunstancias, el preso necesita intentar agotar cuando ella puede pero la corte no está obligada por el rechazo del procedimiento de quejas. Days v. Johnson, 322 F.3d 863 (5th Cir. 2003). 

Por fin, la ley de prescripción se suspende mientras el preso está en el proceso de agotar. Johnson v. Rivera, 272 F.3d 519 (7th Cir. 2001); Brown v. Morgan, 209 F.3d 595 (6th Cir. 2000); Harris v. Hegmann, 198 F.3d 153 (5th Cir. 1999). PLRA aplica a demandas de violaciones de derechos civiles protegidos por leyes federales presentadas por presos sin tener en cuenta si fue presentada en una corte federal o estatal. No aplica a demandas de que el DOC ignoró estatutarios o regulaciones estatales (Massachusetts). Sin embargo, estatutos de Massachusetts exigen que presos agoten remedios administrativos antes de presentar una demanda bajo leyes estatales. Los estatutarios de Massachusetts gobernando demandas presentadas por presos se encuentran en G.L. c. 261, §§ 38E y 38F; en G.L. c. 261, §§ 27A y 29; y G.L. c. 231, § 6F. Presos (y abogados) quien desean presentar demandas departe de presos deberían familiarizarse con estos estatutos antes de presentar una demanda.

---

Limpiando Mandamientos de Arresto y Asistencia Legal Adicional para las Mujeres en MCI - Framingham

La Asociación Femenil de Abogacía tiene un proyecto en Framingham que provee servicios voluntarios para mujeres en MCI-Framingham quien necesitan asistencia con temas legales relacionados a su encarcelamiento pero no directamente relacionado al sistema penal. El proyecto ayuda a mujeres con temas de custodia, curatela, ordenes protectivas, y otros temas parecidos. El proyecto puede ayudar a un número limitado de mujeres con limpiando mandamientos de arresto. Mujeres en MCI-Framingham quien necesitan ayuda limpiando mandamientos de arresto deberían llamar o escribir MCLS. MCLS enviará solicitudes de ayuda con éste tipo de problema al Proyecto Framingham de la Asociación Femenil de Abogacía. Solicitudes de ayuda para limpiar mandamientos de arresto deberían incluir la corte y el número del caso.

---

Representación en las Vistas de Libertad bajo Palabra

Massachusetts Correctional Legal Services no representa a los prisioneros en ninguna vista de libertad bajo palabra.  Las regulaciones que rigen al Consejo de Libertad bajo palabra pueden encontrarse en 120 Código de las Regulaciones de Massachusetts 1.00-902.00. MCLS no puede proveer a las personas con copias de éstas regulaciones. Los prisioneros merecen una representación legal a las vistas de la libertad bajo palabra en una sentencia de vida seguno grado, la rescisión de la libertad bajo palabra, y vistas preliminares y finales de la revocación de libertad bajo palabra, pero NO tienen el derecho a la representación legal en otras vistas de liberación bajo palabra. En el caso de que Usted esté enfrentando una vista de recisión o revocación de la libertad bajo palabra en una sentencia de vida, segundo grado, mientras que MCLS no le puede representar, Usted posiblemente podría conseguir representación por medio de unos de los siguientes programas universitarias de derecho.

PLAP (Proyecto de Asistencia Legal para el Prisionero) en Harvard Law School: (617) 495-3127 (cobro revertido) (dirección: Austin Hall, Cambridge, MA 02138); provee representación en las vistas disciplinarias; vistas de la recisión o revocación de la libertad bajo palabra y vistas de los quince años; algunas vistas de DDU; asistencia con la calculación de sentencia, propiedad perdida, y denegación de la visitación. Cubre a todas las prisiones de Massachusetts.

Proyecto de Asistencia al Prisionero en Northeastern Law School: (617) 373-3660 (cobro revertido) (dirección: Prisoner Assistance Project, 716 Columbus Ave., Suite 212, Roxbury, MA 02120); disponible cada año entre septiembre y febrero sólamente; la representación en las vistas disciplinarias, vistas de la recisión o revocación de la libertad bajo palabra y vistas de los quince años; algunas vistas de DDU. Cubre las prisiones mayores dentro de la distancia desde Boston del complejo de Bridgewater; usualmente no irá a Gardner o Shirley.

---

Crítica literaria: Defendiendo Justicia por Palak Shah

Empezando con la elección de Ronald Reagan en 1980, la política estadounidense se ha marchado continuamente a la derecha. Prácticamente cada aspecto de la ley y política pública cada vez mas tiene menos respeto a los derechos humanos, incluyendo derechos civiles como igualdad racial y sexual, y también derechos “económicos” como el derecho a un sueldo viviente y a subsistencia de un nivel adecuado para personas sin la capacidad de trabajar por causa de enfermedad física o mental o vejez. Estos cambios degenerativos en el discurso público no ocurrieron espontáneamente. Al contrario, resultaron de un ataque national, sofisticado, y coordenado contra las ideas y moralidad de la responsibilidad social, patrocinado por fundaciones y organizaciones no gubernamentales derechistas que sistemáticamente investigaron métodos para motivar obreros a apoyar políticas y políticos quien poco a poco han empeorado y empobrezado la vida del estadounidense medio. Defendiendo justicia es una publicación de los Asociados de Investigación de la Política, una organización no gubernamental progresista que se dedica a proveer información y análisis para combatir pensamientos derechistas. Este libro es de interés especial para presos y sus familias porque, obviamente, el crecimiento enorme del sistema penal estadounidense durante los últimos viente y cinco años es un elemento crítico de la agenda derechista. Los títulos de algunos capítulos son suficiente para demostrar el valor de este libro: “Lo que explica el éxito del movimiento mano dura contra crimen,” “Historia del discurso sobre derechos y orden,” “Historia de la ejecución racista de leyes anti-droga,” “Criminalizando la soberanía indígena,” “Mujeres y los derechos reproductores,” “La guerra contra el terrorismo y inmigrantes,” y “Derechos de víctimas,” son algunos de los temas considerados en detalle por esta publicación. Defendiendo Justicia se puede pedir por $10 de Political Research Associates, 1310 Broadway, Suite 201, Somerville, MA 02144. Para esas personas con acceso, capítulos se pueden transferir por internet en el sitio http://www.defendingjustice.org.

---

Vistas Disciplinarias

MCLS no se encarga de vista disciplinarias. Para asistencia con vistas disciplinarias comuníquese con PLAP, Austin Hall, Harvard Law School, Cambridge, MA 02138, llamadas telefónicas por cobrar: (617) 495-3127.

Vistas de Libertad Condicional

El Proyecto de Asistencia a Presos de la Facultad de Derechos de la Universidad de Northeastern puede ayudar a presos (especialmente a personas encarceladas por vida) con vistas de libertad condicional en el otoño e invierno. Escriba a: Prisoners Assistance Project, 716 Columbus Ave., Rm. 212, Roxbury, MA 02120.

Número de teléfono nuevo para MCLS para presos estatales: 877-249-1342

MCLS llegó a un acuerdo con el DOC para que un nuevo número de teléfono gratuito sea accesible a presos estatales por medio del PIN. El nuevo número es 877-249-1342. Presos del condado pueden llamar por cobrar al 617-482-4124.  Familias y amigos de presos pueden llamar a MCLS al 1-800-882-1413 gratuitamente. Presos quien no pueden comuníquarse con nosotros por teléfono pueden escribir a: MCLS, Eight Winter ST, Boston, MA 02108. El horario en que regularmente recibimos llamadas es igual: lunes de 1 a 4 de la tarde a menos que esté en segregación en cual caso puede llamarnos lunes a viernes de 9 a 4. Si está llamando de segregación por favor de el nombre de su unidad a la recepcionista.

---